[p]El movimiento [b]Stop Killing Games[/b] acaba de lograr uno de sus mayores avances hasta la fecha: la Asamblea del Estado de California ha aprobado en votación la [b]Protect Our Games Act[/b], un proyecto de ley que busca proteger los derechos de los consumidores frente al apagado definitivo de videojuegos en línea. La noticia ha sacudido a la industria y ha generado una oleada de reacciones tanto entre jugadores como entre desarrolladoras y publishers.[/p][p]La [i]Protect Our Games Act[/i] obliga a las compañías a garantizar que los jugadores puedan seguir disfrutando de los títulos que han adquirido, incluso cuando el soporte oficial llegue a su fin. En la práctica, esto podría traducirse en la obligación de publicar parches de mantenimiento, servidores privados o cualquier mecanismo que permita la continuidad del juego sin depender de la infraestructura del publisher. California es uno de los estados con mayor peso legislativo en materia tecnológica de Estados Unidos, lo que convierte esta aprobación en un precedente de enorme relevancia.[/p][h2]Un movimiento que lleva años ganando terreno[/h2][p]Stop Killing Games nació como una iniciativa impulsada por el creador de contenido Ross Scott, conocido por la serie [i]Freeman's Mind[/i], tras el cierre definitivo de [i]The Crew[/i] por parte de Ubisoft en 2024. El caso fue especialmente llamativo porque los jugadores que habían comprado el juego se quedaron sin poder acceder a él de ninguna manera, dado que el título requería conexión permanente a servidores propios. Desde entonces, el movimiento ha recogido cientos de miles de firmas en Europa y ha empujado a varios parlamentos a estudiar legislación similar.[/p][p]La aprobación en la Asamblea de California no significa que la ley ya esté en vigor: todavía debe superar el Senado estatal y recibir la firma del gobernador para convertirse en legislación vigente. Sin embargo, el hecho de que haya pasado el primer gran escollo legislativo es una señal inequívoca de que el debate ha calado en las instituciones. Si California aprueba definitivamente la norma, es muy probable que otros estados sigan su ejemplo, y que la presión se extienda al ámbito federal.[/p][h2]¿Qué implicaciones tendría para la industria?[/h2][p]Para las grandes compañías, una ley de este tipo supone un cambio significativo en su modelo de negocio. Títulos como [i]Anthem[/i], [i]Knockout City[/i] o el propio [i]The Crew[/i] han desaparecido de forma irrecuperable para sus compradores. La normativa obligaría a publishers y desarrolladoras a planificar desde el principio una salida digna para sus juegos, algo que en la actualidad muy pocas compañías hacen de forma voluntaria. Los defensores de la ley argumentan que comprar un juego debería otorgar un derecho real de uso, no una simple licencia revocable en cualquier momento.[/p][p]La industria, por su parte, ya ha comenzado a posicionarse. Algunas voces del sector advierten de que cumplir con este tipo de requisitos puede encarecer el desarrollo y el mantenimiento de juegos en línea, especialmente para estudios independientes con recursos limitados. El debate está servido, y todo apunta a que California será el campo de batalla donde se decida el futuro legal de los videojuegos como producto de consumo en Occidente.[/p][p]Fuentes: [a href='https://www.ign.com/articles/stop-killing-games-gains-momentum-after-bill-passes-california-state-assembly-vote']IGN[/a], [a href='https://www.eurogamer.net/stop-killing-games-passes-floor-vote-california']Eurogamer[/a][/p]

El movimiento Stop Killing Games acaba de lograr uno de sus mayores avances hasta la fecha: la Asamblea del Estado de California ha aprobado en votación la Protect Our Games Act, un proyecto de ley que busca proteger los derechos de los consumidores frente al apagado definitivo de videojuegos en línea. La noticia ha sacudido a la industria y ha generado una oleada de reacciones tanto entre jugadores como entre desarrolladoras y publishers.La Protect Our Games Act obliga a las compañías a garantizar que los jugadores puedan seguir disfrutando de los títulos que han adquirido, incluso cuando el soporte oficial llegue a su fin. En la práctica, esto podría traducirse en la obligación de publicar parches de mantenimiento, servidores privados o cualquier mecanismo que permita la continuidad del juego sin depender de la infraestructura del publisher. California es uno de los estados con mayor peso legislativo en materia tecnológica de Estados Unidos, lo que convierte esta aprobación en un precedente de enorme relevancia.<h2>Un movimiento que lleva años ganando terreno</h2>Stop Killing Games nació como una iniciativa impulsada por el creador de contenido Ross Scott, conocido por la serie Freeman's Mind, tras el cierre definitivo de The Crew por parte de Ubisoft en 2024. El caso fue especialmente llamativo porque los jugadores que habían comprado el juego se quedaron sin poder acceder a él de ninguna manera, dado que el título requería conexión permanente a servidores propios. Desde entonces, el movimiento ha recogido cientos de miles de firmas en Europa y ha empujado a varios parlamentos a estudiar legislación similar.La aprobación en la Asamblea de California no significa que la ley ya esté en vigor: todavía debe superar el Senado estatal y recibir la firma del gobernador para convertirse en legislación vigente. Sin embargo, el hecho de que haya pasado el primer gran escollo legislativo es una señal inequívoca de que el debate ha calado en las instituciones. Si California aprueba definitivamente la norma, es muy probable que otros estados sigan su ejemplo, y que la presión se extienda al ámbito federal.<h2>¿Qué implicaciones tendría para la industria?</h2>Para las grandes compañías, una ley de este tipo supone un cambio significativo en su modelo de negocio. Títulos como Anthem, Knockout City o el propio The Crew han desaparecido de forma irrecuperable para sus compradores. La normativa obligaría a publishers y desarrolladoras a planificar desde el principio una salida digna para sus juegos, algo que en la actualidad muy pocas compañías hacen de forma voluntaria. Los defensores de la ley argumentan que comprar un juego debería otorgar un derecho real de uso, no una simple licencia revocable en cualquier momento.La industria, por su parte, ya ha comenzado a posicionarse. Algunas voces del sector advierten de que cumplir con este tipo de requisitos puede encarecer el desarrollo y el mantenimiento de juegos en línea, especialmente para estudios independientes con recursos limitados. El debate está servido, y todo apunta a que California será el campo de batalla donde se decida el futuro legal de los videojuegos como producto de consumo en Occidente.Fuentes: <a target='_blank' href='https://www.ign.com/articles/stop-killing-games-gains-momentum-after-bill-passes-california-state-assembly-vote'>IGN</a>, <a target='_blank' href='https://www.eurogamer.net/stop-killing-games-passes-floor-vote-california'>Eurogamer</a>

La Asamblea de California aprueba la Protect Our Games Act, impulsada por Stop Killing Games, para proteger los juegos del cierre unilateral de servidores.

Legislación

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Stop Killing Games: California aprueba una ley para proteger los juegos online del cierre

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[p]Sony se enfrenta a una nueva demanda colectiva en Estados Unidos que la acusa de haberse quedado con una [b]ganancia inesperada generada por los aranceles del gobierno Trump[/b]. La demanda, interpuesta como [i]class action[/i], argumenta que Sony se benefició económicamente de los llamados aranceles IEEPA impuestos por la administración Trump y que, cuando dichos aranceles fueron declarados ilegales y se ordenaron reembolsos, la compañía japonesa no trasladó esas devoluciones a los consumidores que habían pagado precios inflados.[/p][p]Según los demandantes, Sony habría obtenido lo que describen como una [b]«doble recuperación»[/b]: por un lado, cobró a los consumidores precios más elevados para compensar el coste de los aranceles; por otro, recibió los reembolsos gubernamentales correspondientes a esos mismos aranceles sin repercutirlos a quienes realmente los habían sufragado. Este comportamiento, según la demanda, constituiría un enriquecimiento injusto a costa de los compradores.[/p][p]El contexto es relevante: los aranceles IEEPA (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) impuestos por Trump afectaron a una amplia gama de productos tecnológicos y de consumo, entre ellos consolas y accesorios de videojuegos. Varios fabricantes del sector, incluida Sony, ajustaron sus precios al alza durante ese período, algo que en su momento justificaron precisamente por el impacto de dichos aranceles en sus cadenas de suministro.[/p][p]La demanda no especifica cifras concretas de compensación por demandante, pero al tratarse de una [i]class action[/i] podría afectar a miles de consumidores estadounidenses que adquirieron productos Sony durante el período en cuestión. Por el momento, Sony no ha emitido ninguna declaración pública en respuesta a la demanda.[/p][p]Este caso se suma a la creciente presión legal y política que están recibiendo las grandes tecnológicas en relación con su gestión de los aranceles comerciales, y podría sentar un precedente importante sobre la obligación de las empresas de repercutir a los consumidores los reembolsos arancelarios que reciban.[/p][p]Fuentes: [a href='https://kotaku.com/sony-is-being-sued-for-allegedly-retaining-substantial-windfall-generated-by-illegal-tariffs-2000697029']Kotaku[/a][/p]

Sony se enfrenta a una nueva demanda colectiva en Estados Unidos que la acusa de haberse quedado con una ganancia inesperada generada por los aranceles del gobierno Trump. La demanda, interpuesta como class action, argumenta que Sony se benefició económicamente de los llamados aranceles IEEPA impuestos por la administración Trump y que, cuando dichos aranceles fueron declarados ilegales y se ordenaron reembolsos, la compañía japonesa no trasladó esas devoluciones a los consumidores que habían pagado precios inflados.Según los demandantes, Sony habría obtenido lo que describen como una «doble recuperación»: por un lado, cobró a los consumidores precios más elevados para compensar el coste de los aranceles; por otro, recibió los reembolsos gubernamentales correspondientes a esos mismos aranceles sin repercutirlos a quienes realmente los habían sufragado. Este comportamiento, según la demanda, constituiría un enriquecimiento injusto a costa de los compradores.El contexto es relevante: los aranceles IEEPA (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) impuestos por Trump afectaron a una amplia gama de productos tecnológicos y de consumo, entre ellos consolas y accesorios de videojuegos. Varios fabricantes del sector, incluida Sony, ajustaron sus precios al alza durante ese período, algo que en su momento justificaron precisamente por el impacto de dichos aranceles en sus cadenas de suministro.La demanda no especifica cifras concretas de compensación por demandante, pero al tratarse de una class action podría afectar a miles de consumidores estadounidenses que adquirieron productos Sony durante el período en cuestión. Por el momento, Sony no ha emitido ninguna declaración pública en respuesta a la demanda.Este caso se suma a la creciente presión legal y política que están recibiendo las grandes tecnológicas en relación con su gestión de los aranceles comerciales, y podría sentar un precedente importante sobre la obligación de las empresas de repercutir a los consumidores los reembolsos arancelarios que reciban.Fuentes: <a target='_blank' href='https://kotaku.com/sony-is-being-sued-for-allegedly-retaining-substantial-windfall-generated-by-illegal-tariffs-2000697029'>Kotaku</a>

Sony es demandada en EE.UU. por supuestamente retener los reembolsos de los aranceles IEEPA de Trump sin devolverlos a los consumidores.

consumidores

Stop Killing Games: California aprueba una ley para proteger los juegos online del cierre

Sony demandada por quedarse con el dinero de los aranceles ilegales de Trump