[p]La propiedad digital en los videojuegos lleva años siendo una herida abierta. Los jugadores compran juegos, pagan precios de lanzamiento completos y, sin previo aviso, los títulos desaparecen de sus bibliotecas cuando un servidor se cierra, una licencia expira o una compañía decide retirar el producto del mercado. Es un problema conocido, documentado y cada vez más frecuente. Sin embargo, [b]la ESA (Entertainment Software Association), el organismo que representa a la industria del videojuego en Estados Unidos, parece no tener muy claro si es su responsabilidad abordarlo.[/b][/p]

[h2]Una pregunta sin respuesta clara[/h2]

[p]Kotaku ha investigado qué papel está dispuesta a jugar la ESA en la defensa de los derechos de los consumidores respecto a sus compras digitales. La conclusión es incómoda: la asociación elude el tema con la habilidad de quien lleva mucho tiempo practicándolo. Cuando se le pregunta directamente quién debería ocuparse de garantizar que un juego comprado digitalmente siga siendo accesible, la respuesta institucional se diluye en declaraciones genéricas sobre la relación entre compañías y usuarios, sin comprometerse con ninguna postura concreta.[/p]

[h2]El vacío legal que nadie quiere llenar[/h2]

[p]El problema de fondo es que [b]la compra digital de videojuegos no equivale legalmente a una compra tradicional.[/b] Lo que el usuario adquiere es, en la mayoría de los casos, una licencia de uso revocable. Las condiciones de servicio, escritas en un lenguaje deliberadamente oscuro, lo dejan claro: la compañía puede retirar el acceso cuando lo considere oportuno. Legisladores de varios países, incluidos algunos en Europa, han comenzado a presionar para cambiar esta situación, pero la industria ha respondido más con lobby que con autocorrección.[/p]

[h2]¿Quién protege al jugador?[/h2]

[p]La pregunta que queda flotando tras el análisis de Kotaku es legítima y urgente: si la ESA no quiere asumir ese rol, si las compañías individuales priorizan sus intereses comerciales y si los gobiernos tardan en legislar, [b]¿quién vela realmente por los derechos de los millones de usuarios que han construido bibliotecas digitales valoradas en miles de euros?[/b] La respuesta honesta, por ahora, parece ser nadie. Y eso debería preocuparnos a todos los que compramos juegos en formato digital.[/p]

[p]El debate no es nuevo, pero sí cada vez más urgente. Con generaciones enteras de jugadores que han abandonado el formato físico, la ausencia de garantías reales sobre la permanencia de sus compras digitales se convierte en una bomba de relojería para la confianza en el ecosistema.[/p]

[p]Fuentes: [a href='https://kotaku.com/video-game-industry-esa-digital-ownership-2000712263']Kotaku[/a][/p]

<p>La propiedad digital en los videojuegos lleva años siendo una herida abierta. Los jugadores compran juegos, pagan precios de lanzamiento completos y, sin previo aviso, los títulos desaparecen de sus bibliotecas cuando un servidor se cierra, una licencia expira o una compañía decide retirar el producto del mercado. Es un problema conocido, documentado y cada vez más frecuente. Sin embargo, <b>la ESA (Entertainment Software Association), el organismo que representa a la industria del videojuego en Estados Unidos, parece no tener muy claro si es su responsabilidad abordarlo.</b></p>

<h2>Una pregunta sin respuesta clara</h2>

<p>Kotaku ha investigado qué papel está dispuesta a jugar la ESA en la defensa de los derechos de los consumidores respecto a sus compras digitales. La conclusión es incómoda: la asociación elude el tema con la habilidad de quien lleva mucho tiempo practicándolo. Cuando se le pregunta directamente quién debería ocuparse de garantizar que un juego comprado digitalmente siga siendo accesible, la respuesta institucional se diluye en declaraciones genéricas sobre la relación entre compañías y usuarios, sin comprometerse con ninguna postura concreta.</p>

<h2>El vacío legal que nadie quiere llenar</h2>

<p>El problema de fondo es que <b>la compra digital de videojuegos no equivale legalmente a una compra tradicional.</b> Lo que el usuario adquiere es, en la mayoría de los casos, una licencia de uso revocable. Las condiciones de servicio, escritas en un lenguaje deliberadamente oscuro, lo dejan claro: la compañía puede retirar el acceso cuando lo considere oportuno. Legisladores de varios países, incluidos algunos en Europa, han comenzado a presionar para cambiar esta situación, pero la industria ha respondido más con lobby que con autocorrección.</p>

<h2>¿Quién protege al jugador?</h2>

<p>La pregunta que queda flotando tras el análisis de Kotaku es legítima y urgente: si la ESA no quiere asumir ese rol, si las compañías individuales priorizan sus intereses comerciales y si los gobiernos tardan en legislar, <b>¿quién vela realmente por los derechos de los millones de usuarios que han construido bibliotecas digitales valoradas en miles de euros?</b> La respuesta honesta, por ahora, parece ser nadie. Y eso debería preocuparnos a todos los que compramos juegos en formato digital.</p>

<p>El debate no es nuevo, pero sí cada vez más urgente. Con generaciones enteras de jugadores que han abandonado el formato físico, la ausencia de garantías reales sobre la permanencia de sus compras digitales se convierte en una bomba de relojería para la confianza en el ecosistema.</p>

<p>Fuentes: <a target='_blank' href='https://kotaku.com/video-game-industry-esa-digital-ownership-2000712263'>Kotaku</a></p>

La ESA, el lobby de los videojuegos en EE.UU., evita pronunciarse sobre quién debe proteger la propiedad digital de los jugadores cuando un juego desaparece.

Industria

#e44445

La ESA, el lobby de los videojuegos, mira hacia otro lado ante el problema de la propiedad digital

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[p]El movimiento [b]Stop Killing Games[/b] acaba de lograr uno de sus mayores avances hasta la fecha: la Asamblea del Estado de California ha aprobado en votación la [b]Protect Our Games Act[/b], un proyecto de ley que busca proteger los derechos de los consumidores frente al apagado definitivo de videojuegos en línea. La noticia ha sacudido a la industria y ha generado una oleada de reacciones tanto entre jugadores como entre desarrolladoras y publishers.[/p][p]La [i]Protect Our Games Act[/i] obliga a las compañías a garantizar que los jugadores puedan seguir disfrutando de los títulos que han adquirido, incluso cuando el soporte oficial llegue a su fin. En la práctica, esto podría traducirse en la obligación de publicar parches de mantenimiento, servidores privados o cualquier mecanismo que permita la continuidad del juego sin depender de la infraestructura del publisher. California es uno de los estados con mayor peso legislativo en materia tecnológica de Estados Unidos, lo que convierte esta aprobación en un precedente de enorme relevancia.[/p][h2]Un movimiento que lleva años ganando terreno[/h2][p]Stop Killing Games nació como una iniciativa impulsada por el creador de contenido Ross Scott, conocido por la serie [i]Freeman's Mind[/i], tras el cierre definitivo de [i]The Crew[/i] por parte de Ubisoft en 2024. El caso fue especialmente llamativo porque los jugadores que habían comprado el juego se quedaron sin poder acceder a él de ninguna manera, dado que el título requería conexión permanente a servidores propios. Desde entonces, el movimiento ha recogido cientos de miles de firmas en Europa y ha empujado a varios parlamentos a estudiar legislación similar.[/p][p]La aprobación en la Asamblea de California no significa que la ley ya esté en vigor: todavía debe superar el Senado estatal y recibir la firma del gobernador para convertirse en legislación vigente. Sin embargo, el hecho de que haya pasado el primer gran escollo legislativo es una señal inequívoca de que el debate ha calado en las instituciones. Si California aprueba definitivamente la norma, es muy probable que otros estados sigan su ejemplo, y que la presión se extienda al ámbito federal.[/p][h2]¿Qué implicaciones tendría para la industria?[/h2][p]Para las grandes compañías, una ley de este tipo supone un cambio significativo en su modelo de negocio. Títulos como [i]Anthem[/i], [i]Knockout City[/i] o el propio [i]The Crew[/i] han desaparecido de forma irrecuperable para sus compradores. La normativa obligaría a publishers y desarrolladoras a planificar desde el principio una salida digna para sus juegos, algo que en la actualidad muy pocas compañías hacen de forma voluntaria. Los defensores de la ley argumentan que comprar un juego debería otorgar un derecho real de uso, no una simple licencia revocable en cualquier momento.[/p][p]La industria, por su parte, ya ha comenzado a posicionarse. Algunas voces del sector advierten de que cumplir con este tipo de requisitos puede encarecer el desarrollo y el mantenimiento de juegos en línea, especialmente para estudios independientes con recursos limitados. El debate está servido, y todo apunta a que California será el campo de batalla donde se decida el futuro legal de los videojuegos como producto de consumo en Occidente.[/p][p]Fuentes: [a href='https://www.ign.com/articles/stop-killing-games-gains-momentum-after-bill-passes-california-state-assembly-vote']IGN[/a], [a href='https://www.eurogamer.net/stop-killing-games-passes-floor-vote-california']Eurogamer[/a][/p]

<p>El movimiento <b>Stop Killing Games</b> acaba de lograr uno de sus mayores avances hasta la fecha: la Asamblea del Estado de California ha aprobado en votación la <b>Protect Our Games Act</b>, un proyecto de ley que busca proteger los derechos de los consumidores frente al apagado definitivo de videojuegos en línea. La noticia ha sacudido a la industria y ha generado una oleada de reacciones tanto entre jugadores como entre desarrolladoras y publishers.</p><p>La <i>Protect Our Games Act</i> obliga a las compañías a garantizar que los jugadores puedan seguir disfrutando de los títulos que han adquirido, incluso cuando el soporte oficial llegue a su fin. En la práctica, esto podría traducirse en la obligación de publicar parches de mantenimiento, servidores privados o cualquier mecanismo que permita la continuidad del juego sin depender de la infraestructura del publisher. California es uno de los estados con mayor peso legislativo en materia tecnológica de Estados Unidos, lo que convierte esta aprobación en un precedente de enorme relevancia.</p><h2>Un movimiento que lleva años ganando terreno</h2><p>Stop Killing Games nació como una iniciativa impulsada por el creador de contenido Ross Scott, conocido por la serie <i>Freeman's Mind</i>, tras el cierre definitivo de <i>The Crew</i> por parte de Ubisoft en 2024. El caso fue especialmente llamativo porque los jugadores que habían comprado el juego se quedaron sin poder acceder a él de ninguna manera, dado que el título requería conexión permanente a servidores propios. Desde entonces, el movimiento ha recogido cientos de miles de firmas en Europa y ha empujado a varios parlamentos a estudiar legislación similar.</p><p>La aprobación en la Asamblea de California no significa que la ley ya esté en vigor: todavía debe superar el Senado estatal y recibir la firma del gobernador para convertirse en legislación vigente. Sin embargo, el hecho de que haya pasado el primer gran escollo legislativo es una señal inequívoca de que el debate ha calado en las instituciones. Si California aprueba definitivamente la norma, es muy probable que otros estados sigan su ejemplo, y que la presión se extienda al ámbito federal.</p><h2>¿Qué implicaciones tendría para la industria?</h2><p>Para las grandes compañías, una ley de este tipo supone un cambio significativo en su modelo de negocio. Títulos como <i>Anthem</i>, <i>Knockout City</i> o el propio <i>The Crew</i> han desaparecido de forma irrecuperable para sus compradores. La normativa obligaría a publishers y desarrolladoras a planificar desde el principio una salida digna para sus juegos, algo que en la actualidad muy pocas compañías hacen de forma voluntaria. Los defensores de la ley argumentan que comprar un juego debería otorgar un derecho real de uso, no una simple licencia revocable en cualquier momento.</p><p>La industria, por su parte, ya ha comenzado a posicionarse. Algunas voces del sector advierten de que cumplir con este tipo de requisitos puede encarecer el desarrollo y el mantenimiento de juegos en línea, especialmente para estudios independientes con recursos limitados. El debate está servido, y todo apunta a que California será el campo de batalla donde se decida el futuro legal de los videojuegos como producto de consumo en Occidente.</p><p>Fuentes: <a target='_blank' href='https://www.ign.com/articles/stop-killing-games-gains-momentum-after-bill-passes-california-state-assembly-vote'>IGN</a>, <a target='_blank' href='https://www.eurogamer.net/stop-killing-games-passes-floor-vote-california'>Eurogamer</a></p>

La Asamblea de California aprueba la Protect Our Games Act, impulsada por Stop Killing Games, para proteger los juegos del cierre unilateral de servidores.

legislación

La ESA, el lobby de los videojuegos, mira hacia otro lado ante el problema de la propiedad digital

Stop Killing Games: California aprueba una ley para proteger los juegos online del cierre